El Pleno del Parlament ha aprobado la Ley de la Autoridad de Protección de Datos de Catalunya. Esta norma configura el nuevo organismo como la autoridad independiente que debe garantizar el derecho a la protección de los datos de carácter personal en el ámbito de las competencias de la Generalitat.
 
La Autoridad de Protección de Datos de Catalunya (APDC), que sustituye la Agencia Catalana de Protección de Datos, creada en 2002, se adapta a las nuevas disposiciones que respecto a la protección de datos de carácter personal hace el Estatuto de Autonomía de Cataluya de 2006, e introduce varias mejoras técnicas fruto de la experiencia de estos últimos años. El objetivo principal es reforzar la independencia y objetividad.
 
La ley establece el ámbito competencial de la APDC, sus órganos y su régimen jurídico, económico y de personal, sus funciones y los medios para ejercer sus potestades. Un cambio notable es la modificación de la denominación para cumplir el mandato estatutario y diferenciarla de otros entes instrumentales de la Administración. En cuanto a la naturaleza jurídica, la APDC está dotada de autonomía orgánica y funcional, lo que quiere decir que deja de depender directamente del Govern.

Una de las principales novedades de la norma, elaborada por el Departament de Governació y Administracions Públiques, es que la designación del director o directora del ACPD la hará el Parlament por una mayoría de tres quintas partes en primera votación, o por mayoría absoluta en segunda votación. Su nombre lo propondrá el Consejo Asesor y el nombramiento será por cinco años renovable sólo en una ocasión.
 
La Autoridad de Protección de Datos de Catalunya amplía el ámbito de actuación de la Agencia, que se extiende a todas las instituciones públicas de Catalunya, las universidades públicas y privadas y las personas físicas o jurídicas que ejerzan funciones públicas dentro de las materias de competencia de la Generalidad o los entes locales.
 
Las funciones del APDC también son más amplias que las de la Agencia, entre otros puede elaborar planes de auditoría, emitir informes potestativos en relación con las disposiciones de los entes locales en materia de protección de datos y otorgar autorizaciones.